Pero de qué se trata esta “nueva modalidad” para los subsidios; bueno, realmente lo que se hace es anclar el precio de los combustibles, incluido al diésel, a los precios internacionales, pero condicionando que al precio que se fija si hay un alza mayor al 5% el Estado volvería a cubrir lo que implique esa diferencia en el precio. ¿Pero se ha cumplido esta propuesta? En lo absoluto, al igual que no se les cumplió al gremio del taxismo con las famosas tarjetas precargadas que servirían para compensar la subida del combustible en el 2019, y que lamentablemente jamás se cargaron.

Debemos entender que un alza en los precios de los combustibles genera de manera automática un incremento en los precios de los bienes y servicios que consumimos todos en la economía, esto debido a que el transporte de mercaderías y movilidad humana tendrá que ajustar los precios y por lo tanto estos se reflejaran en los valores finales que debamos pagar a la hora de consumir. Adicionalmente, vuelve menos competitivos a los productores locales, tanto en lo interno como en las exportaciones, solo para citar un ejemplo, el diésel pesquero (el que usan nuestros barcos para la pesca) pasó  de 86 centavos en mayo del 2020 a 1,26  dólares al 11 de marzo del 2021 con las implicaciones que tienen en los costos de producción y venta final en los mercados internacionales.

Este antecedente nos lleva a una importante reflexión, desde el punto de vista conceptual los subsidios deben tener dos condiciones, la temporalidad y la focalización, es decir, deben tener un tiempo determinado y deben llegar a los sectores económicamente deprimidos o a los sectores productivos que necesitan incentivos para su desarrollo y poder ser competitivos. Lamentablemente no está ocurriendo ninguna de estas premisas.

Debe de forma urgente, el gobierno, respetar el ajuste de bandas que propuso y adicionalmente buscar un mecanismo de focalización que excluya a los sectores que requieren que aún el Estado siga subsidiando estas brechas sociales y económicas.